Fase de construcción de consenso

Una vez que las partes implicadas hayan delimitado claramente el ámbito político, las discusiones se profundizarán y el debate se orientará hacia la búsqueda de soluciones mediante un diálogo constructivo y sostenido. Con ese fin, la fase de construcción de consenso tiene como objeto establecer y mantener un entorno propicio para el diálogo, estructurando el debate en torno a opciones constructivas, evitando las confrontaciones directas y manteniendo las discusiones orientadas hacia los objetivos acordados conjuntamente en la fase de análisis colectivo. Sólo a través de este esfuerzo sostenido puede producirse el principal resultado de esta fase: la Hoja de Ruta para la Reforma, un conjunto de principios y directrices acordados colectivamente para la reforma de la política pública en cuestión.

1. Fomentar la confianza mediante técnicas de facilitación

Esta fase es extremadamente delicada, ya que la confianza entre los participantes puede verse afectada en cualquier momento debido a imprevistos, factores exógenos o cambios en las actitudes de las propias partes implicadas. Por lo tanto, el anfitrión del diálogo debe estar preparado para aplicar técnicas rápidas y eficaces en respuesta, tratando de mitigar cualquier riesgo de bloqueo o conflicto entre los participantes. Como sabrá cualquier facilitador experimentado, esto es más fácil de decir que de hacer, pero en la mayoría de los casos requerirá una combinación de habilidades para el trato humano y de pericia técnica, ya que el diálogo sobre políticas tiene que ver tanto con las personas como con los datos. Para ayudar a los facilitadores en esta difícil tarea, el conjunto de herramientas INSPIRED presenta una serie de técnicas básicas orientadas a forjar progresivamente el consenso necesario para acordar una hoja de ruta para la reforma. Esto se complementa con la abundante literatura ya existente en materia transformación de conflictos y creación de confianza (véase la Biblioteca).

2. Establecimiento de prioridades y evaluación conjunta de alternativas

Sobre la base de la base empírica aportada por análisis participativo de la política pública -y de cualquier otra investigación que se considere necesaria para profundizar en la comprensión de las cuestiones bajo discusión-, las partes implicadas entablarán un debate en torno a las prioridades que deben abordarse en la política o políticas objeto de debate. El establecimiento de prioridades es crucial cuando los recursos son limitados y a menudo se basa en los valores y sistemas de creencias de los responsables de la toma de decisión, aunque éstos rara vez salen a la luz y muy a menudo se dan por sentado, permaneciendo ocultos tras consideraciones técnicas.

Para que un diálogo sea realmente significativo, los participantes tendrán que profundizar en estas cuestiones y sacar a la superficie los supuestos sobre los que se establecen las prioridades y se toman las decisiones. Este es, sin duda, el aspecto más delicado del proceso de diálogo y, por lo tanto, debe abordarse con suma cautela, una vez que se haya establecido una atmósfera de entendimiento mutuo y los participantes sientan que pueden expresar abiertamente sus opiniones.

Para evitar enfrentamientos, el debate en torno a las prioridades debe apoyarse en alternativas reales en las que se consideren abiertamente las implicaciones de cada opción. Esto es especialmente importante cuando el proceso de diálogo pretende influir en la formulación de la política, ya que su principal valor añadido para los responsables políticos consistirá en proporcionarles alternativas viables que ya han sido evaluadas por una diversidad de partes implicadas, pero también sigue siendo importante cuando el proceso tiene como objetivo establecer la agenda, explorar mecanismos multi-actor para la ejecución de la política o evaluar una política pública ya existente.

3. La hoja de ruta para la reforma

El consenso alcanzado por los participantes en el diálogo sobre la necesidad de reformar las políticas se traduce en una hoja de ruta para la reforma que refleje la visión compartida de las partes implicadas en torno a la política en cuestión. Como tal, representa una guía para la acción que recoge propuestas, formula recomendaciones y explora posibles líneas de trabajo para que las principales partes implicadas en el ámbito de una determinada política pública pongan en práctica sus objetivos mutuamente acordados.