Facilitar el acceso a la información pública

La creciente aceptación de la elaboración de políticas basadas en evidencia empírica es en parte el resultado de los avances tecnológicos que permiten a los responsables de la toma de decisión capturar y gestionar cantidades de información sin precedentes. Si durante los años setenta el creciente uso de las estadísticas fomentó una revolución silenciosa en la forma en que se diseñaban y aplicaban las políticas, el auge y la difusión de las tecnologías de la información y la reciente irrupción del “big data” proporcionan ahora a los gobiernos un nivel de precisión y detalle en la recogida de información relevante que hace un par de décadas era sencillamente impensable. Estas nuevas capacidades no solo permiten a los responsables políticos evaluar mejor el impacto final de los programas gubernamentales; también posibilitan el despliegue de técnicas de seguimiento en tiempo real y la introducción de medidas correctoras cuando estas resulten necesarias. Por otra parte, la nueva tecnología otorga a los responsables políticos un nivel de conocimiento sobre aspectos clave para la aplicación de las políticas públicas que les confiere una posición de ventaja sobre otras partes implicadas que no disponen de esa clase de información privilegiada.

Esto es a fin de cuentas lo que hace que la transparencia y el libre acceso a la información sean tan importantes para la democracia. No es solo una cuestión de rendición de cuentas y control ciudadano, sino también un reto clave a la hora de alimentar la toma de decisión. Puede que los datos sean objetivos, pero su interpretación y priorización son decisiones subjetivas y, en última instancia, políticas, de modo que no pueden dejarse únicamente en manos de los funcionarios y representantes del gobierno. Cuando se trata del diálogo sobre políticas, todos los datos relevantes deben compartirse de forma abierta para que todas las partes implicadas puedan utilizarlos para formar, defender o revisar sus propias posiciones.

En algunos casos, es posible que ni siquiera existan la evidencia empírica necesaria para fundamentar el diálogo sobre políticas, como ocurrió en el caso de Cabo Verde debido a la falta de información sobre las condiciones laborales de los trabajadores domésticos. Al darse cuenta de que el INE (Instituto Nacional de Estadística) no recogía ninguna información al respecto, la ACLCVBG -anfitriona del diálogo INSPIRED- diseñó y puso en marcha una encuesta ad hoc que cubría los aspectos que el grupo de partes implicadas en el diálogo sobre políticas consideraba más relevantes. Los resultados de la encuesta no sólo sirvieron para dotar al proceso de diálogo de una base empírica sólida para abogar por una mayor regulación del sector, sino que también sentaron un precedente que posteriormente se integró en el proceso de recogida de datos del INE y, por lo tanto, institucionalizó la inclusión del servicio doméstico informal como una categoría de trabajadores de pleno derecho.