Organismos de derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos pueden participar en los proyectos INSPIRED siempre que los proyectos de reforma incluyan componentes relacionados con su área de actuación. Sus aportaciones han resultado muy valiosas en varios proyectos INSPIRED debido a su conocimiento práctico de las disposiciones que impiden el acceso real a los derechos, ya sea en el marco legislativo nacional o en relación con la aplicación de los compromisos internacionales adquiridos por sus respectivos países. Los organismos de derechos humanos gozan de bastante legitimidad de cara al Gobierno y los ciudadanos, lo que les permite implicarse en la defensa y el fortalecimiento de los derechos de las personas en diferentes ámbitos y políticas públicas.

Los gobiernos de los países socios a menudo no aplican los tratados vinculantes sobre derechos humanos por falta de incentivos políticos, pero también por la dificultad de hacer operativas esas disposiciones en las legislaciones nacionales. Involucrar a estos organismos en las consultas ayuda a los participantes a contar con conocimientos jurídicos imparciales sobre las cuestiones abordadas y, en última instancia, a elaborar hojas de ruta de alta calidad desde el punto de vista de su efectividad jurídica.

Las políticas públicas difícilmente pueden disociarse de los derechos humanos, ya que la acción -o la inacción- de los gobiernos en un determinado ámbito público siempre va a repercutir en lo que los ciudadanos tienen permitido o prohibido hacer. Además, en un planteamiento cuyos principios clave -la inclusión y la participación- se basan en el enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos, es muy natural que participen las agencias u organismos nacionales encargados de proteger los mismos y de supervisar hasta qué punto los gobiernos cumplen sus compromisos internacionales. De hecho, la mayoría de estos organismos han sido creados en virtud de tratados internacionales que tienen como objetivo garantizar los derechos universales y que permanecen estrechamente vinculados a mecanismos destinados a supervisar el cumplimiento por parte de los Estados partes de las obligaciones derivadas de dichos tratados. El Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Comité de los Derechos del Niño (CDN), por citar algunos, suelen desempeñar una función de supeervisión nombrando a expertos independientes para que evalúen la situación en distintos ámbitos e informen al órgano correspondiente de la ONU, de modo que éste pueda proseguir su investigación mediante consultas periódicas con el gobierno del país (en su calidad de signatario del tratado correspondiente).

Estos procedimientos siguen perteneciendo al ámbito del derecho internacional y, por lo tanto, quedan sujetos al tipo de sutilezas diplomáticas que son necesarias para la supervivencia de un sistema tan delicado, principalmente debido a la falta de mecanismos de aplicación obligatoria. Como ocurre con cualquier tratado internacional, la última palabra la tienen los firmantes y su correcta aplicación depende de la voluntad del gobierno de transponer esas obligaciones internacionales a la legislación nacional, adoptando medidas efectivas para promover y proteger los derechos que se derivan de ellos.

Esta dinámica de supervisión descendente (top-down) puede complementarse con el tipo de enfoque ascendente (bottom-up) que preconiza INSPIRED, ya que el proceso de diálogo se centra precisamente en las políticas públicas nacionales en lugar del derecho internacional. Mediante la identificación de los obstáculos y cuellos de botella en el marco legal del país, los procesos INSPIRED son capaces de arrojar luz sobre las causas reales que impiden que las normas internacionales sobre derechos humanos se hagan efectivas, siempre desde una perspectiva local que es fuertemente complementaria con el trabajo de los organismos de derechos humanos, ya que les proporciona una visión muy práctica -más allá del manido argumento de la "falta de voluntad política"- sobre los motivos reales por los que los derechos están siendo violados o mal aplicados.

Por esta razón, los Defensores del Pueblo y los organismos de derechos humanos son actores importantes que deben ser asociarados al proceso de diálogo, ya que pueden contribuir a enmarcar las deliberaciones en términos de derechos de los ciudadanos y garantizar que en la formulación y aplicación de las políticas públicas se adopte el enfoque basado en los derechos humanos. Su papel proactivo en los procesos de diálogo INSPIRED sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad en Mongolia o Kirguistán, así como en los relativos a los derechos socioeconómicos de las mujeres en Armenia o Cabo Verde, demuestra hasta qué punto su implicación constructiva puede contribuir a orientar el debate hacia soluciones que se traduzcan en derechos aplicables a nivel nacional.