El Análisis Participativo de la Política Pública (APPP)

El principal resultado de la Fase de Evaluación Colectiva consiste en un Análisis Participativo de Políticas que describe los aspectos clave de la política que deberán abordarse durante el proceso de diálogo. Se presenta en forma de un documento político que representa la base de evidencia sobre la cual tendrán lugar las deliberaciones de la Fase de Construcción de Consenso. En este sentido, desempeña un papel crucial en garantizar que el diálogo se centre en evidencia real en lugar de creencias, prejuicios o suposiciones infundadas.

Evidencia

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Uno de los principios clave que sostiene el método INSPIRED es la importancia de basarse en evidencia real: datos, estadísticas, informes de evaluación, encuestas, testimonios de usuarios finales, etc., para garantizar la rigurosidad y solidez de las recomendaciones que surgirán del proceso de diálogo. Desafortunadamente, la cultura de la formulación de políticas basada en evidencia no es tan amplia como debería serlo, y los encargados de formular políticas a menudo toman decisiones sobre la dirección de una política en función de otros factores: presión política, inercia burocrática, necesidad de mantener satisfechas a sus bases electorales o grupos de interés, etc. Esta tendencia se agrava por el papel secundario que generalmente se otorga a la evaluación de políticas y los escasos recursos que se le asignan, en parte debido a su complejidad técnica, pero también a sus implicaciones políticas.

Sin embargo, el método INSPIRED no solo concibe la producción, análisis o procesamiento de evidencia como un requisito previo para políticas sólidas y sostenibles, sino también como un medio para construir progresivamente la confianza entre los participantes del proceso de diálogo. Por lo tanto, es importante asegurar que el Análisis Participativo de Políticas (PPA) sea verdaderamente participativo y refleje adecuadamente las discusiones llevadas a cabo por las partes interesadas durante la Fase de Evaluación Colectiva. Cabe destacar que este trabajo conjunto implica también un proceso de aprendizaje mutuo donde las partes interesadas desarrollan progresivamente una visión compartida de los desafíos presentados por la política en cuestión y los diferentes ángulos desde los cuales se pueden percibir los problemas sociales.

Redacción

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A pesar de su naturaleza participativa y la importancia de reflejar la diversidad de ideas y puntos de vista que seguramente habrán surgido durante la Fase de Evaluación Colectiva, al final del día alguien necesita plasmar las cosas en papel de manera clara y coherente. Esto suele ser realizado por uno o dos expertos en políticas contratados por el Anfitrión del Diálogo y debidamente informados sobre la naturaleza participativa del ejercicio. Estos expertos en políticas, que a menudo son académicos con experiencia en asesorar a organismos gubernamentales y producir documentos políticos, no solo deben estar familiarizados con el área de política que se está abordando, sino que también deben ser capaces de recopilar, considerar y reconciliar las diferentes perspectivas que surgirían a lo largo de la Fase de Evaluación Colectiva. En otras palabras, sin importar cuán técnicamente impecable o académicamente perfecto pueda ser el documento resultante, no cumpliría su propósito si se redactara de manera unilateral y sin tener en cuenta las sugerencias y contribuciones de las partes interesadas. Por lo tanto, los expertos en políticas también necesitan incorporar la evidencia disponible (o producida intencionalmente) por los principales actores en el proceso de diálogo, por ejemplo, a través de la generación de datos y subvenciones de investigación proporcionadas (ver más abajo).

Esto es especialmente importante porque las dinámicas de confianza que el método INSPIRED busca inculcar en el proceso de diálogo se basan en la naturaleza colectiva de esta investigación, ya que se invita a las partes interesadas a considerar los elementos clave de la política objetivo de manera abierta y deliberativa, lo que permite desarrollar progresivamente una visión compartida de los desafíos futuros. Además, esas mismas partes interesadas necesitarán desarrollar un fuerte sentido de propiedad sobre el PPA porque constituirá la principal base de evidencia sobre la cual se llevarán a cabo las discusiones de la Fase de Construcción de Consenso.

Esto significa que, además de su competencia técnica, los expertos en políticas deben mostrar una actitud abierta y pedagógica hacia su trabajo, manteniendo en todo momento la conciencia de que el valor agregado del APPP radica en su naturaleza participativa. Con este fin, el (los) experto(s) en políticas deben hacer un uso extensivo de herramientas conceptuales como árboles de problemas, análisis FODA, etc., pero desplegándolas como técnicas de facilitación, para que las partes interesadas involucradas en el análisis puedan comenzar a expresar sus diferentes puntos de vista, exponer sus posiciones e incluso desahogar sus emociones con respecto a aspectos especialmente sensibles. Por más que esto pueda ser demorado, sigue siendo crucial asegurar que todos se sientan parte del proceso.

Por último, pero no menos importante, los expertos en políticas necesitan basarse en las capacidades existentes de las partes interesadas, estimulando su participación proactiva y coordinando sus aportes técnicos a través de una división del trabajo que aproveche al máximo sus contribuciones. Por ejemplo, si una ONG está especializada en monitorear un aspecto específico de la política, como las víctimas de violencia de género o las quejas sobre violaciones de los derechos laborales, el APPP debería basar sus hallazgos en esas fuentes e incluso intentar identificar posibles sinergias con otros actores o fomentar medios para mejorar los métodos de recolección de datos a través de la colaboración.

Estructura

Siendo el resultado de un esfuerzo colectivo y dependiendo del área de política que aborde, el APPP puede tomar diferentes formas y basarse en una diversidad de fuentes, pero hay algunos elementos comunes que deben abordarse.

Contexto y definición del problema

Esta sección consistirá en una introducción al tema y un primer intento de definir el problema, describiéndolo lo más detalladamente posible y analizando sus causas y consecuencias para los grupos objetivo y la población afectada. Siempre que sea posible, debe hacer referencia al contexto político del país para enmarcar el problema en el panorama más amplio de la política nacional y local.

Esta sección también debe analizar la adecuación de la respuesta del estado al problema, describiendo las iniciativas políticas emprendidas por el gobierno para abordar el problema en cuestión y mitigar sus consecuencias para la población. Estas iniciativas deben evaluarse desde una perspectiva práctica mediante el análisis del presupuesto nacional y la comparación de los recursos asignados con la magnitud real del problema. Otra dimensión que debe evaluarse es el nivel de gobierno en el que se toman decisiones y se implementan acciones (local, regional, nacional). Siempre que sea posible, haga referencia a los marcos de medición del rendimiento existentes y a la calidad de los datos que respaldan la política o políticas en cuestión.

Panorama político

Esto debería incluir tanto el marco legal de la política o políticas en cuestión (la descripción debe seguir un enfoque de arriba hacia abajo enumerando primero las convenciones internacionales o tratados ratificados por el gobierno y luego las leyes y regulaciones a nivel nacional y regional) como las diferentes herramientas gubernamentales (cf. estrategias, planes de acción, agendas) y su descripción (incluya también duración, alcance, resultados).

Mecanismos de implementación

Los mecanismos de implementación del APPP también deben describir las diferentes organizaciones/instituciones con competencias en la aplicación de leyes y regulaciones sobre el tema, así como su papel. En segundo lugar, debe categorizar los diferentes tipos de esfuerzos de aplicación en el tema, así como cualquier programa relevante financiado ya sea por el estado o por donantes.

Marco institucional

Esta sección debe incluir a los diferentes interesados identificados durante el ejercicio de mapeo con una breve descripción de su rol, función e interés en la política en cuestión. También debe explicar la forma en que los diferentes mecanismos de coordinación instalados por el gobierno (cf. comités, comisiones, consejos, direcciones generales, equipos interministeriales o grupos de trabajo, etc.) trabajan juntos y contribuyen a la implementación de la política.

Indicadores

En su descripción de la situación actual, el PPA debe hacer referencia continua a evidencia concreta en forma de indicadores. Estos indicadores de política pueden ser de dos tipos principales, dependiendo de quién se encargue de su diseño y seguimiento:

1. Indicadores oficiales: En la mayoría de los casos, las instituciones estatales dependen de la oficina de estadísticas del país para diseñar y dar seguimiento a aquellos indicadores de política considerados relevantes por las autoridades públicas. De cierta manera, estos indicadores están sancionados por el estado y deberían, en principio, ser la fuente más confiable para obtener evidencia actualizada sobre la situación en un área de política dada. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que en muchos países la capacidad técnica de los organismos encargados de las estadísticas sigue siendo muy débil. En otros casos, los intereses políticos pueden introducir diferentes sesgos en lo que se está midiendo y cómo, o incluso evitar el acceso a esas mediciones y a los supuestos detrás de ellas.

2. Indicadores no oficiales: Un número creciente de áreas de política también están siendo evaluadas por iniciativas internacionales reconocidas que producen puntajes y clasificaciones sobre una amplia gama de temas. Estos pueden ser de interés para el proceso de diálogo, especialmente si se complementan con indicadores "autóctonos" que aborden específicamente algunos aspectos clave del problema en cuestión. Por ejemplo, en el caso de la apropiación de tierras en Myanmar, las OSC locales de algunas de las regiones más afectadas (Mandalay y el Estado de Shan) estaban monitoreando la situación siguiendo el número de casos tratados por los comités de reinvestigación de tierras por año, el número de restituciones de tierras por año, el número de mecanismos de consulta con las OSC y la población afectada, etc. Esto ilustra cómo, cuando la información oficial es insuficiente, los interesados del proceso de diálogo pueden proponer, diseñar y recopilar su propio conjunto de indicadores de política. Cabe decir que estos necesitan ser realistas y factibles, es decir, adaptados a las capacidades de los interesados involucrados en el proceso de recolección de datos, y no necesitan ser cuantitativos, ya que los indicadores cualitativos también pueden arrojar luz sobre aspectos relevantes de la política y su impacto en la ciudadanía/beneficiarios. En esta línea, cuando se enfrentaron a la falta de información oficial sobre la situación laboral de los trabajadores domésticos en Cabo Verde, los participantes en el proceso de diálogo INSPIRED desarrollaron lo que consideraban indicadores clave para entender la situación: 1) El número de trabajadores domésticos inscritos en la Seguridad Social; 2) el número de trabajadores domésticos que reciben al menos el salario mínimo y 3) las condiciones laborales, que incluían varios factores (número de horas de trabajo, días libres por semana, vacaciones, etc.) que fueron evaluados mediante una encuesta ad hoc.

Cabe decir que ambos tipos de indicadores son complementarios y al combinarlos, el análisis proporcionará al grupo de interesados una visión más completa del problema en cuestión y las posibles soluciones que tengan en cuenta el panorama general. En cuanto al problema relacionado con el acceso a la información, el proceso de diálogo siempre debería explorar posibles sinergias con iniciativas como el Open Government Partnership, el Global Initiative for Fiscal Transaparency o el Open Budget Initiative para nombrar solo algunas de las acciones e índices internacionales más destacados sobre el acceso a la información que han proliferado en la última década.

Conclusión

Finalmente, el Análisis Participativo de Políticas Públicas presentará una serie de conclusiones y/o resultados de las reuniones de consulta llevadas a cabo durante la fase de evaluación colectiva, proponiendo medios para resolver los problemas identificados mediante un diálogo político inclusivo y participativo. Por contradictorio que pueda parecer, estas conclusiones no deben ser demasiado "concluyentes", ya que su función no es proponer soluciones en una etapa tan temprana del proceso, sino, por el contrario, alimentar los debates que tendrán lugar durante la Fase de Construcción del Consenso.