Promover la adopción de normas internacionales

Ninguna política pública opera de manera aislada, no sólo en el ámbito interno -ya que todas las políticas nacionales están de alguna manera interrelacionadas- sino también "externamente", sobre todo en una economía globalizada en la que el nivel de interdependencia entre los Estados, por no hablar de los desafíos globales, está difuminando sus respectivas esferas de competencia. En este contexto, la adaptación de las políticas nacionales a la normativa internacional es un arma de doble filo, ya que por un lado puede mejorar su eficacia, pero por otro normalmente lo hace desde un enfoque vertical que tiende a imponer soluciones predeterminadas y limita la capacidad de elección de los gobiernos sobre la vía que deberían tomar sus procesos de reformas.

Para evitar esto último, la transposición de la normativa internacional deben llevada a cabo sólo a través de las instituciones democráticas -en la mayoría de los países los Parlamentos se encargarían de su ratificación y de la posterior legislación de desarrollo-, sino también a través de diálogos sobre políticas públicas que impliquen a una diversidad de partes interesadas y que evalúen la viabilidad de las reformas resultantes desde la perspectiva del contexto político en el que van a ser aplicadas. No hacerlo contribuye al sentimiento de impotencia de muchos ciudadanos frente a las decisiones que se toman en el exterior y, lo que es más importante, pone en peligro la eficacia de cualquier reforma política, por muy bien intencionada que sea, ya que impone soluciones prefabricadas que rara vez se traducen en realidad de manera automática. Y lo que es aún peor, puede otorgar a los ciudadanos derechos que luego no se pueden hacer efectivos.

Por ejemplo, la adopción de una ley progresista sobre la violencia contra las mujeres en Paraguay, que sobre el papel cumple con casi todos los preceptos internacionales en la materia, ha resultado sumamente complicada cuando llegó el momento de su aplicación y el Estado no desplegó los medios necesarios para convertirla en realidad, renunciando a asignarle los fondos necesarios para difundir la nueva ley entre las posibles víctimas o para sensibilizar y formar a jueces, policías y otros funcionarios sobre la violencia de género. En otro caso similar, la ratificación por parte de Mongolia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 proporcionó al gobierno una orientación sobre las acciones que debía llevar a cabo, pero fue sólo a través de un diálogo sobre políticas inclusivo y participativo como las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad pudieron asumir un papel más proactivo con respecto a la definición y aplicación de esas medidas de apoyo, de las que hasta entonces habían sido meros beneficiarios pasivos.